Para nadie es un secreto que uno de los principales problemas del país es el aumento de la criminalidad, tanto en número como en modalidades delictivas. Según el Anuario Estadístico Policial (2024), entre 2015 y 2023 el número de denuncias registradas ha aumentado en un 98%, siendo los delitos contra la propiedad los más frecuentes. Por ejemplo, el número de denuncias por hurto se ha duplicado, pasando de 94,480 a 184,560. Sumado a ello, han aumentado las denuncias por homicidio y por lesiones, que se duplicaron y triplicaron, respectivamente, en el mismo periodo de tiempo.

Pero lo novedoso del escenario actual es que la criminalidad ha crecido no solo en términos cuantitativos, sino que los tipos de delitos cometidos se han diversificado y complejizado. El caso más resaltante es el crecimiento de la extorsión: de 2,618 denuncias en 2019, se pasó a 17,246 en 2023. El aumento de la extorsión nos lleva, por ejemplo, a un problema mucho mayor, pues genera fuertes desincentivos a la inversión en un país que apenas está saliendo de una complicada recesión.

Este escenario requeriría, en lo inmediato, ser enfrentado por una mayor fuerza policial. Sin embargo, la situación se presenta inversamente proporcional a la imperiosa necesidad, ya que el fortalecimiento de la criminalidad ha venido acompañado de un debilitamiento de las instituciones que deben hacerle frente: la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Esto se evidencia, por ejemplo, en el hecho que, entre 2011 y lo que va del 2024, se han tenido 31 ministros del Interior: 7 en el periodo presidencial del 2011 al 2016, 11 en el periodo del 2016 al 2021, y 13 desde el 2021.