Buenas políticas públicas, herramientas para el desarrollo
Elsa Galarza
Directora de la Escuela de Gestión Pública de la UP
Las políticas públicas son una herramienta fundamental para el progreso de cualquier país. Estas directrices, a cargo del Estado, tienen el poder para modelar el panorama económico, social e institucional de un país, determinando en gran medida su trayectoria hacia el desarrollo. Por ello, comprender el papel de las políticas públicas resulta crucial para diseñar estrategias que impulsen el bienestar de la población y aseguren un futuro favorable.
En términos generales, las políticas públicas se definen como un conjunto de acciones planificadas y ejecutadas por el Estado con el objetivo de resolver problemas públicos específicos y atender las necesidades de la sociedad. Estas acciones pueden abarcar desde el diseño y creación de leyes y regulaciones hasta la implementación de programas y proyectos concretos. Asimismo, las políticas públicas se caracterizan por ser acciones estratégicas, es decir, no son medidas aisladas, sino que forman parte de un plan integral diseñado para alcanzar objetivos específicos.
Además, son acciones coordinadas, lo que implica la participación de diferentes actores del Estado y la sociedad civil en su diseño, implementación y evaluación. Por último, es importante destacar que las políticas públicas no son estáticas, sino que evolucionan en el tiempo en función de los cambios en el contexto social, económico y político. Justamente, una característica fundamental de las políticas públicas efectivas es su capacidad para adaptarse a nuevas realidades y responder a los desafíos emergentes.
Los principales problemas de las políticas públicas en los últimos diez años en el Perú han sido la corrupción y, una cada vez mayor, debilidad institucional. Estos dos factores han tenido un impacto negativo en la efectividad de las políticas públicas. Cuando las instituciones son débiles, la capacidad del Estado para formular políticas públicas sólidas y bien diseñadas se ve afectada. La falta de transparencia, la rendición de cuentas deficiente y la ausencia de mecanismos de coordinación dificultan el proceso de toma de decisiones y la elaboración de planes coherentes.
De otro lado, la corrupción distorsiona las prioridades de las políticas públicas, desviando recursos y esfuerzos hacia la búsqueda de beneficios personales o grupales, en detrimento del bien común. Esto genera políticas que no responden a las necesidades reales de la población, y no contribuyen al desarrollo del país.
Sin embargo, eso no es lo único que sucede. La debilidad institucional y la corrupción conducen a la mala gestión de los recursos públicos y a la ineficiencia en la prestación de los servicios. Esto se traduce en servicios de baja calidad, con falta de cobertura, accesibilidad y equidad, afectando a los más vulnerables. La corrupción, en particular, genera prácticas clientelistas en la asignación de recursos y la contratación de personal, lo que reduce la calidad de los servicios y limita el acceso de la población a los mismos.
Es aquí donde se empieza a generar la desconfianza de los inversionistas y de la ciudadanía en el Estado y sus instituciones, y se genera un desinterés por la participación social y una mayor tolerancia hacia la corrupción. Así, el Estado paulatinamente se deslegitima y se mina la confianza en las instituciones públicas, como se muestra en diversas encuestas como el Latinobarómetro 2023, que revela que la confianza de los ciudadanos de América Latina y el Caribe en sus Gobiernos ha sido muy baja, 29%.
El clima de desconfianza y frustración social puede tener repercusiones negativas en la estabilidad política y el desarrollo económico en el largo plazo, dado que exacerban las desigualdades sociales y económicas. Los sectores más vulnerables de la población son los más afectados por la mala calidad de los servicios públicos, la falta de acceso a oportunidades y la discriminación.
Una política pública central para el desarrollo es la política educativa y de formación profesional. El buen diseño de política con visión de largo plazo es un factor clave para el desarrollo económico y social de cualquier país, ejemplos hay muchos. En el Perú es necesario invertir en educación de calidad desde la primera infancia hasta la educación superior, con un enfoque en el desarrollo de habilidades técnicas y competencias que respondan a las demandas del mercado laboral y a la visión de desarrollo productivo. Una población mejor educada y capacitada aumenta la productividad y competitividad del país. Nuestros gobernantes parecen no entender que una política educativa de calidad es un factor clave si queremos crecer y desarrollarnos.
Sin duda, las políticas públicas no son una fórmula mágica para el desarrollo, pero si se diseñan e implementan de manera adecuada, pueden ser herramientas poderosas para transformar la realidad de un país. Nuestro país requiere de políticas públicas que fortalezcan las instituciones, impulsen la educación, diversifiquen la matriz productiva, reduzcan la desigualdad y la pobreza, fortalezcan la infraestructura física y promuevan la sostenibilidad ambiental.
La tarea es ardua, pero no imposible. Con un compromiso firme por parte del Estado, la sociedad civil y el sector privado, es posible construir un país moderno, equitativo y sostenible para todos. Solo mediante políticas con un enfoque integral y una visión de largo plazo, el Perú podrá consolidar su desarrollo económico y social, y construir un futuro para las generaciones venideras.
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