Elecciones 2026: implicancias jurídicas

Mag. Iván Torres La Torre
Docente
Facultad de Derecho y Ciencia Política

El proceso electoral del 12 de abril del 2026 representa uno de los desafíos más importantes de la historia electoral del Perú en las últimas décadas de vida constitucional y democrática, en la medida en que constituye una oportunidad palpable y concreta para que el electorado elija representantes —presidente, senadores y diputados— que verdaderamente respondan al cambio y al giro en la gestión política que la ciudadanía exige.

El actual proceso electoral se llevará a cabo tras una etapa marcada por la insatisfacción respecto de la figura de los últimos presidentes del Perú, así como por una fuerte percepción de ausencia de liderazgo, falta de transparencia y, sobre todo, carencia de capacidad política y técnica para conducir las riendas del país.

El 12 de abril del 2026, la ciudadanía peruana tiene un compromiso con la historia que va más allá del ejercicio del derecho al sufragio, por cuanto implica asumir la importancia y la necesidad de elegir autoridades con responsabilidad.

Sin embargo, no se puede dejar de lado que este proceso electoral enfrenta serios desafíos. Por un lado, desde la Constitución de 1993, el Perú no cuenta con un parlamento bicameral. El retorno a la bicameralidad —característica de la Constitución de 1979— constituye, para un gran sector de ciudadanos, un hecho histórico y novedoso, pero también desconocido en el quehacer político de las últimas décadas.

La idea del senador está tradicionalmente asociada a la figura de un profesional con alto nivel intelectual y con capacidad para legislar, atendiendo a los grandes problemas del país y a las políticas públicas que deben diseñarse con visión a las próximas décadas, en el marco de los retos de la primera mitad del siglo XXI. Legislar no es tarea fácil, y no se puede encargar tan importante función a personas que no estén a la altura de la envergadura del cargo parlamentario más importante en el sistema bicameral. Por otro lado, la ausencia de una reglamentación institucional de la Cámara de Senadores al interior del Congreso puede generar vacíos en su funcionamiento técnico y operativo, poniendo en riesgo su eficacia legal y, sobre todo, la confianza ciudadana.

Educación del elector

Otro desafío para el proceso electoral 2026 es la falta de educación del elector respecto de la forma de votar, problema que se acentuará con la compleja y extensa cédula de votación, reflejo de un número nunca antes visto de candidatos, lo que complica la estructura de la cédula y hace más difícil una elección clara y precisa para el votante.

La cédula presentada por las autoridades electorales —que será utilizada el próximo 12 de abril— es definitivamente contraria a cualquier idea de simplicidad y practicidad. Contiene fotografías, símbolos y números que probablemente confundirán al elector, especialmente porque no es posible conocer a todos los candidatos a presidente, Senado y Cámara de Diputados. Estas dificultades, sumadas al voto preferencial, convierte esta elección en una de las más complejas de la historia.

Votar el próximo 12 de abril del 2026 será, sin duda, un reto que compromete la capacidad del elector para elegir adecuadamente. De su voto dependerá la calidad de autoridades que gobernarán el país durante los siguientes cinco años y, evidentemente, los partidos políticos también tienen un compromiso con la transparencia, la honestidad y la probidad de sus candidatos.

El 12 de abril del 2026 será una fecha histórica para el Perú, que marcará el inicio de una nueva etapa en la vida parlamentaria: deberá reglamentarse internamente el rol de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como su relación con el Poder Ejecutivo. Esto traerá importantes implicancias jurídicas en el proceso de elaboración y promulgación de leyes, en el debate parlamentario, en los filtros de control entre ambas cámaras, en la calidad de la producción legislativa y en la propia imagen del Congreso, tan criticada en los últimos años y tan fuera de sintonía con la población.

Finalmente, el Poder Ejecutivo también enfrenta serios retos: deberá afianzar la gobernabilidad y fortalecer las relaciones institucionales entre los poderes del Estado para garantizar el equilibrio democrático y la estabilidad jurídica, política y social que el país demanda. El Perú se enfrenta a un importante proceso histórico, político y jurídico de cuyo resultado depende la gobernabilidad y la estabilidad del Estado y de la nación.

• Iván Torres La Torre. Abogado penalista. Magister en derecho penal por la Universidad de Sevilla, España. Presidente del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal IPADEP. Docente universitario. Miembro mayor de la Federación Interamericana de Abohados FIA. Profesor visitante extraordinario en la Universidad Nacional del Oeste de Argentina. Autor de diversas obras jurídicas.