Las empresas contratistas en la minería
Carlos Bernal, Gerente general de la Asociación de Contratitas Mineros del Perú (Acomipe).
Las empresas contratistas ejercen un rol fundamental en la minería y el país. Tienen bajo su responsabilidad la producción minera en todas sus etapas y su constante especialización ha optimizado la productividad y rentabilidad del sector. Son las principales contratantes de operarios, técnicos y profesionales, así como de proveedores de todo rubro, dinamizando con ello múltiples actividades económicas.
Son aliadas estratégicas de las compañías mineras en el desarrollo de los proyectos, de cualquier envergadura. Realizan labores en exploración, desarrollo, explotación y beneficio. Asimismo, su internacionalización es cada vez más notoria, pues ejecutan operaciones en diferentes continentes, destacando así nuestra imagen de país minero.
En cifras, son más de 2.000 empresas registradas en el Ministerio de Energía y Minas, represen- tan casi el 70% de la fuerza laboral, con cerca de 170.000 trabajadores de quienes dependen prácticamente un millón de de ciudadanos. Cuentan con más del 70% del parque de equipo y maquinaria. Su movimiento comercial anual promedio es cercano a 20.000 millones de soles y su aporte al erario nacional es de casi 4,000 millones de soles. Como parte de la cadena de valor, abonan al 4% de los proveedores, como un adicional del PBI minero.
Esta importante contribución, debiera generar una reflexión respecto del fortalecimiento de las empresas contratistas para asegurar la sostenibilidad operativa e integral. Más aún, considerando que están involucradas en los programas de responsabilidad social y su apoyo en las zonas de influencia minera es cada vez mayor, incidiendo en el mejoramiento de la calidad de vida de más familias peruanas.
Al escribir estas líneas, está a punto de debatirse la derogatoria del DS 001-2022 TR en el Congreso de la República. Cuando en el mundo, más del 90% de las operaciones de las grandes industrias se desarrollan mediante tercerización. Esta norma promovida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pone en grave riesgo la actividad de las empresas contratistas, el funcionamiento integral del sector minero y el empleo de miles de trabajadores contratados formalmente en diferentes sectores, ocasionando lamentables consecuencias económicas, laborales y sociales.
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