Punto de quiebre necesario… y urgente

Gracias a un manejo impecable de la política monetaria, a una economía abierta al mundo y a términos de intercambio históricamente favorables, el Perú ha logrado mantener una sólida estabilidad macroeconómica y un crecimiento moderado, a pesar de las reiteradas e innumerables crisis políticas de los últimos años. Sin embargo, hoy crecemos a la mitad del ritmo registrado hace dos décadas. Este desempeño ya no es suficiente para reducir de manera sostenida la pobreza, ni siquiera para recuperar los niveles de bienestar previos a la pandemia.

Asimismo, la calidad de las políticas públicas se ha deteriorado drásticamente, pese al aumento del gasto estatal. Se han perdido, además, numerosos cuadros técnicos valiosos que contribuían desde el Estado al diseño e implementación de dichas políticas.

La inseguridad ciudadana y el crimen se han convertido en los principales problemas que afectan a los peruanos, sin distinción de estrato socioeconómico: ciudadanos de a pie, transportistas, comerciantes, peluqueros, dueños de restaurantes y comensales, empresarios de todo tamaño. Robos, extorsiones, secuestros, cobros de cupos y asesinatos forman parte del día a día en todo el país.

En este contexto tan desafiante, las decisiones de inversión de mediano y largo plazo —de empresas grandes y pequeñas, nacionales y extranjeras— se han ralentizado, frenando el impulso necesario para retomar el camino del desarrollo. Por ello, consideramos que el año 2026, con dos procesos electorales programados, debe representar un punto de quiebre necesario y urgente para que el país recupere su rumbo hacia un desarrollo sostenible.

Desde hace 15 años, en cada proceso electoral nacional, regional y local, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) ofrece al país y a las agrupaciones políticas diagnósticos actualizados y propuestas de política pública elaboradas por un conjunto de sus investigadores.

En las siguientes páginas se presenta la síntesis de quince de estas propuestas para Agenda 2026, que abarcan desde una estrategia contra la inseguridad ciudadana, políticas de seguridad alimentaria, la reconstrucción del espacio y el retorno a la prudencia fiscal, el costo de la reforma de pensiones y acciones de política comercial, hasta reformas en las reglas electorales, gestión del agua, inversiones en salud y educación, innovación, transformación digital, desarrollo de micro y pequeñas empresas —incluyendo la perspectiva de género—, el uso de la inteligencia artificial frente a choques climáticos y la promoción de políticas públicas más resilientes ante shocks externos.

El detalle completo de estas propuestas se encuentra en: https://agenda2026.up.edu.pe/

Por ejemplo, José Luis Pérez Guadalupe y Lucía Nuñovero plantean una estrategia integral de seguridad ciudadana y política criminal que incluye, entre otras medidas, la revisión o derogación de leyes recientes que han debilitado la lucha contra el crimen organizado; inversiones urgentes alineadas al “Plan Mariano Santos Mateo al 2030”; la modernización del Sistema de Justicia Penal; la priorización de la infraestructura penitenciaria; programas de prevención focalizados en jóvenes y adolescentes en riesgo; y la creación de “Unidades Élite de Inteligencia”, basadas en herramientas de análisis criminal estratégico.

Por su parte, Joanna Kamiche, directora del CIUP, propone un conjunto de medidas para reducir la inseguridad alimentaria y aumentar la productividad agraria. Entre las principales acciones destacan: mejorar la productividad mediante el uso de semillas certificadas y sistemas tecnificados de riego por goteo; ampliar el debate sobre el uso de organismos vivos modificados, cuidando no afectar sectores clave como el turismo y la gastronomía; focalizar los programas alimentarios en la población en situación de inseguridad alimentaria; y promover la diversificación de cultivos hacia alimentos más saludables, junto con el trabajo multisectorial para proveer servicios complementarios (por ejemplo, agua y energía) que faciliten el consumo de productos más nutritivos.

En materia fiscal, Carlos Casas, coordinador de Agenda 2026, advierte que, para evitar el incumplimiento sistemático de las reglas fiscales, será necesario un acuerdo político amplio, que deje de lado las medidas populistas, revierta muchas disposiciones recientes y siente las bases de un pacto fiscal duradero. Casas propone, además, combatir la baja presión tributaria mediante una fiscalización efectiva de los grupos evasores y una mejor adaptación del sistema tributario a los pequeños productores. En cuanto al gasto, estima que la mejora en su calidad y la reducción de la corrupción podrían liberar hasta un 30% del presupuesto público. Como señala Diego Winkelried, la prudencia fiscal no es un lujo tecnocrático, sino un pilar esencial para la estabilidad económica.

Estos son solo cuatro ejemplos de las propuestas que los investigadores del CIUP ponen a disposición del país, basadas en evidencia empírica y años de investigación especializada en diversas disciplinas que forman parte de la oferta académica de la Universidad del Pacífico. Confiamos en que este esfuerzo contribuya a enriquecer el debate electoral y a delinear una agenda de políticas públicas sólida, realista y orientada al desarrollo sostenible para el quinquenio 2026–2031.