Mecanismos para reducir la inseguridad alimentaria: una mirada integra

En el periodo 2021-2023, según información de FAO, el Perú tuvo un 20.3% de su población con inseguridad alimentaria severa, lo que significa que algunos días ese grupo de peruanos no tuvo alimentos para consumir. Dicha cifra supera la situación de países vecinos como Chile (3.7%) y Colombia (5.3%), así como el promedio de los países de ingreso medio (17.6%). Aunque los países de América Latina han mejorado sus indicadores en este tema, incluso después de la pandemia, las estrategias y acciones implementadas en el país no están logrando los resultados que queremos, ni al ritmo esperado.

Para avanzar en este tema, se requiere tomar acciones muy concretas para incrementar la disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos, que son 3 de los pilares que permiten luchar contra la inseguridad alimentaria, y que han tenido resultados positivos en otros países de la región.

La disponibilidad de alimentos, es decir, que se produzcan estos en cantidad suficiente, se puede lograr incrementando la productividad agraria, a través del uso de semillas certificadas (solo el 8% de los agricultores las usan) y extendiendo el acceso a sistemas de riego (el 66% de los agricultores depende de la lluvia para regar sus cultivos), que son dos mecanismos comprobados para aumentar la productividad agraria. En particular, sistemas sofisticados como el riego por goteo pueden lograr aumentos sustanciales en la productividad y calidad de los productos, mejorando también los ingresos de los agricultores. En este pilar también se propone ampliar la discusión sobre el uso de organismos vivos modificados (OVMs), analizando las experiencias de otros países y construyendo una institucionalidad que permita hacer frente a los riesgos de tal uso, en un país megadiverso como el Perú, sin que se afecten industrias conexas como el turismo y la gastronomía. También se requiere intensificar la investigación científica relativa a los impactos de los OVMs, con la participación coordinada de distintos actores, incluida la academia y el sector privado.

El segundo pilar es el acceso, que implica la capacidad de los hogares para obtener alimentos nutritivos, asumiendo que ya están disponibles. Un mecanismo sería focalizar los programas alimentarios, hacia aquellas personas que están en condiciones de inseguridad alimentaria, utilizando algunos indicadores para identificar correctamente al grupo poblacional que más necesita estos alimentos. También, se debe promover la diversificación de cultivos entre los agricultores, promoviendo el cultivo de alimentos más saludables (cuando las condiciones climáticas así lo permitan). Ya existen experiencias positivas del uso de biohuertos para mejorar las condiciones de nutrición de las familias de menores recursos, a través de una diversificación de cultivos en la canasta de producción de los agricultores. También se plantea el diseño e implementación de esquemas como el uso de vales para la adquisición de alimentos más costosos como frutas, verduras y alimentos con mayor contenido proteico, para aquellos hogares con menores ingresos. Aunque estos últimos instrumentos pueden tener costos fiscales, los beneficios de evitar tener población en inseguridad alimentaria, implicarán mejoras en la productividad laboral, que pueden compensar dichos costos. Adicionalmente, la mejora en focalización de los programas alimentarios también podría liberar recursos financieros para implementar estos nuevos esquemas.

El tercer pilar se refiere al uso de los alimentos, que es la facilidad que tienen los hogares para aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos. Para ello, se requiere condiciones complementarias como el acceso a agua no contaminada, a energía durante todo el día, y medios de refrigeración, entre otros (p.e., un 12% de la población no tiene agua todos los días). El que los alimentos estén disponibles y las familias tengan acceso no es suficiente para lograr reducción en la inseguridad alimentaria. Se requiere que las familias tengan las condiciones básicas (p.e., agua, electricidad, gas) para consumir dichos alimentos en las mejores condiciones posibles. Muchas veces, esta interdependencia entre los sectores no se visibiliza lo suficiente.

Lograr estas tres condiciones: disponibilidad, acceso y uso requiere un trabajo coordinado e interinstitucional, con la participación del sector público, privado y la academia. Ya hay un avance con las coordinaciones que realiza el CEPLAN, MIDAGRI, MIDIS, entre otros actores públicos, para la implementación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el diseño de la Política Nacional correspondiente, así como el trabajo del Comité Multidisciplinario que ya está conformado. Pero, lamentablemente, este proceso de coordinación es largo y complejo, por lo que los resultados toman mucho tiempo en alcanzarse. Justamente por ello, porque se reconoce que el proceso es extenso y costoso, se requiere acrecentar los esfuerzos para lograr la seguridad alimentaria para todos los peruanos. Este es un objetivo urgente y no negociable.